La década de los noventa fué de fundamental importancia para el Territorio Región del Pacífico y para los derechos de las comunidades negras. Esta década fué marcada por dos hitos de especial trascendencia: el reconocimiento de la diversidad cultural en la Constitución de 1991 y la expedición de la Ley 70 de 1993 en ese marco; y el surgimiento de una conciencia generalizada del valor de la región Pacífica en términos de diversidad biológica y cultural, tanto para el país como para el planeta. La situación ha sido muy distinta durante la última década, que ha visto un marcado incremento del ritmo de destrucción del bosque húmedo tropical, por un lado, y de vulneración de los derechos de los afrodescendientes en todo el país, por el otro. En el Pacífico, esto se ha debido a una serie de factores y problemas, incluyendo:

• el aumento de concesiones mineras y de la minería de oro con retroexcavadoras en muchos de los territorios; • la fumigación de territorios enteros -verdadera forma de guerra química y biológica- la cual, lejos de controlar la expansión de la coca, acaba con los cultivos alimenticios tradicionales de la población local y envenena los ríos;
• la militarización de muchos territorios como respuesta a la presencia de actores armados, que con frecuencia conlleva la represión de las organizaciones locales;
• los macro-proyectos de desarrollo, tales como la promoción de la palma aceitera para la producción de agrocombustibles, la expansión de puertos y la construcción de poliductos y carreteras –como Ánimas - Nuquí o la Transversal de Las Américas–, la mayoría de ellos sin la requerida consulta previa con la población afectada y sin muchas garantías de que los impactos sociales, ambientales y culturales serán mitigados, compensados y reparados;
• las constantes amenazas a líderes y activistas locales, incluyendo masacres y asesinatos, principalmente por grupos paramilitares e insurgentes;
• la frecuente complicidad de las agencias del Estado con los abusos y destrucción ambiental perpetrados por muchos de los grupos antes mencionados.

Estos procesos han causado desplazamiento masivo de los territorios colectivos y ancestrales, la destrucción del sustento de la población, la pérdida de sus territorios, la desarticulación de las organizaciones locales, y la violación de tratados internacionales de los derechos humanos y culturales de activistas y comunidades. El efecto acumulado de estas consecuencias es de tal envergadura que pueden ser caracterizadas como crímenes de lesa humanidad, ecocidio y etnocidio.

Todo esto se ve agravado por la falta de atención por parte del gobierno a estos problemas y por la impunidad de la mayoría de estos hechos. Lo anterior significa que los importantes avances logrados por muchas de las comunidades a partir de la Ley 70 están siendo desmantelados rápidamente, muchas veces mediante el uso de la fuerza y medidas administrativas arbitrarias en contradicción con la Constitución, la Ley 70, el Auto 005 del 2009 de la Corte Constitucional, y tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT. En años recientes, la situación ha alcanzado dimensiones críticas en muchas aéreas del Pacifico sur y norte, así como en el Norte del Cauca, como en los casos de la comunidad afrodescendiente de La Toma en el municipio de Suárez y de las comunidades del Consejo Comunitario de COPDICONC –antiguo palenque El Castigo –, o en los ríos San Juan, Baudó, Atrato, Mira, Tapaje, Satinga, Patía y Naya, entre otros muchos. Estas comunidades, que viven en algunos de los territorios más antiguos y emblemáticos de afrodescendientes libres en las Américas, están siendo amenazadas y desplazadas por actores nacionales e internacionales interesados en sacar el oro y demás recursos de sus territorios, así como por actores armados de diverso tipo.